Por Ricardo Forster

La Justicia y sus dilemas

“…sostenemos que la independencia del poder judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado. Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e –incluso– deben ser independientes de las organizaciones que los representan. Los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático y, por tanto, su conducta pública –como la del resto de los funcionarios públicos– debe estar sujeta al escrutinio estricto de la ciudadanía. El debate democrático sobre las decisiones judiciales acerca el sistema de justicia a la sociedad, y enriquece la calidad de las respuestas jurisdiccionales”.

(Solicitada: “Una justicia legítima”, firmada por cientos de jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios en respuesta al documento que algunas organizaciones judiciales presentaron con un duro tono crítico hacia el Poder Ejecutivo.)

Qué es lo que está en juego en estos días argentinos siempre tan intensos y convulsionados en los que los legos nos movemos con absoluta incomodidad y, bajo la perspectiva contraria, hasta cierta regocijada impunidad por la selva del lenguaje jurídico? ¿De qué manera intentar analizar las diferencias y tensiones que existen, como resulta muchas veces inevitable, entre los tres poderes de la república tratando de comprender, al mismo tiempo, qué intereses están moviéndose por debajo y por detrás de los principales actores? ¿Qué le ocurre a la política cuando queda atrapada en la telaraña tribunalicia y se vuelve deudora de un lenguaje de especialistas? ¿De qué modo recordar que la democracia habita en la incompletud y desconfía de los paradigmas absolutos sin por ello hacer el elogio de la discrecionalidad? Preguntas que surgen allí donde lo que se percibe es la gravedad de una disidencia que no todos alcanzan a descifrar pero que intuyen que tiene relación directa con el poder y con su ejercicio pleno o limitado. Algo demasiado importante está en disputa en nuestro país y va más allá de tal o cual grupo mediático que se niega a cumplir una ley votada mayoritariamente por senadores y diputados hace ya largos tres años. Una cierta idea de soberanía democrática es la que, en el fondo, está en discusión.

Las querellas entre los poderes de la república siempre ponen de manifiesto la trama conflictiva de la vida democrática y, sobre todo, evidencian que existen otros poderes que persisten en su afán por mantener sus privilegios. A la Justicia le ha costado muchísimo, y pocas veces lo ha logrado, autonomizarse efectivamente de esos poderes económico-ideológicos. Pocas veces, también, el poder político logró sustraerse a esas determinaciones. Hoy, y desde hace unos años, nos encontramos ante el retorno de ese litigio allí donde un poder nacido de la legitimación del voto popular ha decidido no aceptar las demandas, las imposiciones y los chantajes de los poderes corporativos. No hay mayor escándalo, para democracias condicionadas y vueltas escuálidas por la horadación sistemática a las que fueron sometidas durante demasiado tiempo, que un gobierno ejerciendo en plenitud la soberanía que emana de las urnas y revitalizando esa misma vida democrática tan dañada a lo largo de las últimas décadas allí donde fue convertida, por la acción de las grandes corporaciones, en un pellejo vacío. Por qué no decir que lo que viene disputándose es, precisamente, la ampliación de los derechos y de la matriz igualitarista que se enfrentan a aquellos sectores que buscan mantener privilegios y hegemonías económicas y jurídicas.

Para plantearlo desde otro costado posible: ¿acaso lo que se juega en esta pulseada judicial tiene relación directa con el ejercicio pleno de la soberanía popular democrática? ¿Se intenta dirigir al país hacia una democracia condicionada y eternamente vacilante incapaz de imponer sus decisiones a los grandes grupos económicos? ¿Qué significa y cuáles deberían ser los alcances genuinos de la independencia de la Justicia? ¿Le cabe sólo, como se dijo en un documento sin firmas individuales pero sí con firmas institucionales y con el aval de algunos jueces supremos, mantenerse fuera de los intentos de sujeción del poder ejecutivo o, por el contrario, y como lo han dicho decenas de jueces, fiscales, rectores, decanos y profesores de distintas universidades nacionales, la independencia debe constituirse en relación a todos los poderes incluyendo a las corporaciones económicas y mediáticas y a los propios jueces de las instancias superiores? ¿Permanecen ajenos a los conflictos y contradicciones que se despliegan en la sociedad aquellos que tienen como misión impartir justicia tratando de que los afectos, los prejuicios, los intereses y las ideas propias no interfieran en ese gesto que debería ser neutral? Soy consciente de que algunas de estas preguntas no tienen una sola respuesta o que, incluso, su mera formulación moviliza un agudo debate cuya resolución queda siempre diferida.

Discutir la Justicia supone internarse, en ocasiones, por un territorio minado cuyas cargas explosivas pueden venir de diferentes posiciones. Lo cierto es que existe, al menos, un consenso que fija la idea de la necesidad imprescindible de una Justicia independiente pero, e inmediatamente surgen los litigios interpretativos, lo que no queda claro o sus límites permanecen borrosos es cuáles son los alcances de esa independencia que tanto se reclama en el interior de una sociedad en la que existen tantos intereses enfrentados, tantas desigualdades y tantas formas de uso discrecional del poder que, por lo general, suelen ir en detrimento de los más débiles y de las mayorías populares. El aparato judicial no ha dejado de ser cómplice, a lo largo de nuestra historia, de esos poderes. ¿Sería pecar de ingenuo o iluso si pensara que desde la llegada de Néstor Kirchner al gobierno se dieron grandes pasos para reparar el brutal daño que las políticas dictatoriales y luego neoliberales produjeron también en la estructura judicial? ¿Acaso esta Corte que tanto le debe a esa decisión histórica de reconstruirla bajo verdaderos principios republicanos está dispuesta a olvidar su antigua deslegitimación arrogándose como mérito propio lo que se debió a una extraordinaria visión política? Prefiero seguir pecando de ingenuo e imaginar que la mayor parte de los miembros de la Corte Suprema estarán a la altura de las circunstancias y eso más allá de ambiciones personales o presiones corporativas. Los jueces, en especial los que ocupan los más altos cargos, no deben quedar al margen de los dilemas de la época ni esconderse detrás de una supuesta neutralidad valorativa que desconozca la densidad política e histórica de lo que está en juego. Sus fallos, con independencia de sus aciertos o errores, constituyen un dato absolutamente relevante de la realidad y son portadores de consecuencias graves.

Preguntas, todas, que recorren la médula de la vida democrática y que llevan implícitas diferencias interpretativas de muy difícil resolución, en especial cuando de lo que se trata es, ni más ni menos, que de garantizar las condiciones de igualdad jurídica en un espacio social atravesado por diversas desigualdades amplificadas, en nuestro país, por la facilidad con la que los grandes grupos económicos han logrado influir y determinar a amplios sectores del poder judicial. El mito de la absoluta independencia del poder judicial termina por ocultar sus condicionamientos y sus profundas debilidades a la hora de poner en su lugar a los dueños del capital. Sigue habiendo, entre nosotros, una Justicia de clase que no suele ser reconocida por los jueces allí donde más deudores son de sus determinaciones. El fallo a favor de mantener la cautelar presentada por el Grupo Clarín va claramente en esa dirección. La Corte, aunque no lo pueda o quiera decir, lo sabe.

Con los jueces parece suceder lo mismo que, o así nos lo presentan ciertos medios de comunicación, con ciertos debates teológicos medievales que se interrogaban por el sexo de los ángeles: jueces y ángeles pertenecen a otro reino muy distinto al animal, sus andanzas por la vida no pueden medirse con los instrumentos profanos y plebeyos con los que se intenta comprender, por ejemplo, las acciones y las conductas de los seres humanos comunes y corrientes. Ellos, así nos lo dice cierta ideología preocupada por sostener la virtuosidad de los magistrados alejándolos de todo mal y de toda tentación, deben permanecer impolutos y entregarse, de cuerpo y alma, a impartir justicia desde la pureza de la imparcialidad nacida de su condición virginal. Ángeles y jueces transitan por un andarivel exclusivo que los mantiene al margen de tanta mezquindad profana. Salvo cuando algunos de ellos se atreven a salir de esa caja de cristal que mantiene un clima de perfecta pureza y se dedican a impartir un tipo de justicia que pone en cuestión el poder de las corporaciones o busca encontrar una cierta correspondencia entre la idea de igualdad y su aplicación efectiva en una vida social atravesada por la impunidad de los acaparadores de la mayor parte de la riqueza material y simbólica. Cuando eso sucede dejan inmediatamente de responder al paradigma de la virtud y se convierten, de la noche a la mañana, en esclavos de la demagogia o del populismo. Sólo si la Justicia y sus jueces defienden el sacrosanto principio de propiedad privada, y si lo hacen sin dudarlo, merecerán seguir permaneciendo en el reino de los justos y de las criaturas angelicales. Cuando cruzan de vereda o cuando recuerdan que impartir justicia es también intentar comprender la violencia de la desigualdad y de la impunidad de los poderosos, se transforman en jueces venales. Las exageraciones de estas reflexiones, estimado lector, sirven para evidenciar lo que efectivamente suele suceder: el reclamo de independencia del poder judicial de parte de los grupos corporativos es siempre proporcional a la continuidad de sus privilegios refrendados por esa misma Justicia que se vuelve cómplice de esos poderes.

Grave es el momento en el que la política queda capturada, como ya se señalaba, en las telarañas del lenguaje jurídico y cuando la propia idea y práctica de la democracia no puede eludir quedar atrapada en la palabra indescifrable del experto. De la misma manera en que también es grave que no exista una Justicia capaz de actuar con autonomía de los poderes fácticos (sean los públicos y/o los de la esfera privada). Para algunos (siempre interesados en colocarse en el lugar del republicanismo) esa independencia debe de ser exclusivamente en relación a los otros poderes estatales y silencian, por conveniencia, la que también es indispensable en relación a las fuentes de imposición económica, mediática o incluso en el seno de la propia estructura judicial. El concepto de independencia es una exigencia central en el interior de una sociedad que sabe que siempre se encuentra en posición de ser vulnerado y cuya consistencia y continuidad conoce de la fragilidad permanente que emana de una realidad política, económica, social, cultural e ideológica fuertemente signada por lo irresuelto. Pero la reclamada independencia de la Justicia no debe servir para alejar a los jueces del escrutinio de la ciudadanía blindándolos de todo contacto con demandas y exigencias a las que también deben estar dispuestos a someterse. No hay genuina vida democrática allí donde persisten el secreto, la distancia y los privilegios.

No deja de ser un momento excepcional el que le permite a la sociedad develar lo que permanecía velado. Así como con la ley de medios se abrió un debate inédito y enriquecedor que impide regresar a las épocas en las que el universo periodístico y comunicacional permanecía intocado e impermeable a cualquier crítica, hoy, a la luz de lo que viene sucediendo con el accionar de ciertos ámbitos de la Justicia, también se habilita un gran debate capaz de abordar lo que no podía ser abordado desmitificando esa aura de autarquía y pureza de un universo estatal por el que también ha pasado el vendaval de las contaminaciones. Los jueces también deben ser auscultados y sus fallos pueden y deben ser discutidos allí donde se apartan de los intereses de la ciudadanía. Su legitimidad, que no es la que nace, como los otros poderes de la república, del voto popular, debe mostrarse a través de sus fallos y de la transparencia de sus acciones que le den un impulso virtuoso a una palabra siempre en riesgo de ser envilecida: la independencia.

 

Delsio Evar Gamboa
Opinión  de
Delsio Evar Gamboa

“No se casan con nadie pero se acuestan con todos”.  Alfredo Pedro Drocchi, Juez en lo Criminal Nº1 de La Matanza . . .

Los fierros judiciales no están guardados . . .

El incendio y las vísperas del 7D concluyeron con la prórroga de la cautelar para el grupo Clarín, que le permite continuar burlando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta medida dilatoria de la más que sospechada Cámara Civil y Comercial Federal Nº1, impide la aplicación del artículo 161, que obliga a la desinversión de las excedidas licencias del Grupo, que por ley debe tener un máximo de 24 y tiene 301. El recurso presentado por Clarín consiste en posponer la aplicación hasta que el juez de 1ra. Instancia Horacio Alfonso se expida sobre el fondo de la cuestión, o sea sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la cláusula de adecuación.

Esta Cámara Civil, que debe estar integrada por tres jueces, con sólo dos miembros, Francisco De las Carreras y María Susana Najurieta, ignorando lo resuelto en Mayo pasado por el máximo Tribunal Argentino, es decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que había dispuesto que el día 7 de Diciembre vencía indefectiblemente la cautelar que desde hace más de tres años suspende la aplicación de dicho artículo, falló a favor del monopolio al no hacer lugar a la recusación que había presentado la AFSCA y el Ministerio de Justicia. De las Carreras había sido impugnado por recibir dádivas de Clarín, en un viaje a Miami. El juez Recondo integrante de esa Cámara, también objetado por el mismo hecho, lo reconoció y se apartó de la causa.

En el fallo, el juez De las Carreras, -acusado de prevaricato- manifiesta que “guardo la debida imparcialidad inherente al ejercicio de la función jurisdiccional, conservo la tranquilidad de espíritu y la libertad de conciencia indispensable para impartir justicia bien y legalmente. (). Conociendo su pertenencia al grupo monopólico le cabe muy bien el sayo de “mienta, mienta que siempre algo queda” . . .

La tapa matutina del 6 de Diciembre de 2012 de Clarín, azuzaba la disputa en torno al 7D: “Ataque sin límites del Gobierno a la Justicia”. Aunque no es novedosa, la construcción tamaño catástrofe del título es clarísima: existe una pugna entre el “Gobierno”, y parte de esa entelequia indefinida llamada “Justicia”. Ahí se parapetan los actores judiciales que integran uno de los poderes del Estado más autocrático y antidemocrático: el Poder Judicial. Esa corporación que hasta hoy en día -salvo raras excepciones- logró salir indemne luego de su complicidad con el genocidio perpetrado por la última dictadura militar, que tras 30 años de democracia, no ha visto renovadas sus estructuras, aun luego del estallido que significó el 19 y 20 de diciembre del 2001. El “que se vayan todos”, también alcanzaba a los jueces de “la servilleta de Corach” y a la Corte Suprema con su corrupta “mayoría automática” de Menem, que sólo pudo ser apartada, cuando Néstor Kirchner decidió enfrentarla sin temerle a sus aprietes de “redolarización de los depósitos”.  Estos verdaderos bochornos legales, además de visibilizar la claudicante dependencia de muchos magistrados ante los poderes concentrados demuestran la politización del Poder Judicial, otro ámbito que se regodea en la supuesta “infalibilidad” de su cuerpo estable. Este desacato a la Corte, sirve como ejemplo para entender cómo se cocinan las sentencias, y los poderes que las manipulan desde las sombras.
Clarín tituló en su edición impresa: “La amenaza del ministro de Justicia es de una gravedad inédita en toda la historia democrática argentina”. A veces puede resultar hasta tedioso recordar las complicidades del Grupo Clarín con la dictadura, pero uno debe hacerlo para demostrar la falacia de su eslogan de “Periodismo independiente” que aún insisten en pregonar. Siguió un comunicado donde supuestos “Jueces de todo el país” exigen al Gobierno que cesen las presiones directas o indirectas a la Justicia. El texto fue otra añagaza de la corporación judicial para intentar vanamente lavarse las manos. Ese relato en la que serían los “garantes” de una sociedad civil indefensa, es otra señal de la vocación política de los sujetos históricos que ocupan el Poder Judicial. Dicen: “La Comisión Nacional de la Independencia Judicial, a través de las asociaciones que la integran,  ha recibido la preocupación de una importante cantidad de jueces y juezas de todo el país, referida a hechos que agreden institucionalmente a un Poder del Estado y, como consecuencia de ello, a todos los ciudadanos de la Nación, ya que la justicia es para todos”. ¿Presiones? . . . ¿Justicia para todos? ¿Qué poderoso de guante blanco está preso? ¿Qué pedófilo depravado -teléfono para “padrecito” Grassi-, cumple condena? Martínez de Hoz, Ménem, Cavallo, De la Rúa, Aguad y tantos otros verdugos de lesa inhumanidad, ¿están pagando por el daño hecho? ¿Cuándo en la jurisprudencia argentina se dio que un juez recusado, por medio de “cautelares eternas” paralice por más de 3 años y medio una ley votada por el Congreso nacional para favorecer a un gigante mediático?

Al respecto más de 200 magistrados de todo el país publicaron un documento refutando el comunicado que emitió la ignota Comisión y señalan: “Los magistrados deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación monopólicos, de los jueces de las instancias superiores e incluso de las entidades que los representan”. También se les unió el juez del Tribunal Nº 1 de La Matanza Dr. Alfredo Pedro Brocchi:          ”En mi doble carácter de ciudadano y de Juez del Crimen de la Provincia de Buenos Aires, vengo a cumplir con el deber republicano de denunciar el comunicado corporativo efectuado en nombre de los miembros de las diversas Instituciones que dicen representar cuando no hubo consulta ni llamado a Asamblea alguna para pedirnos la opinión sobre los hechos de dominio público.
De manera que el comunicado solo lleva la voz de las cúpulas y de algunos jueces que las regentean quienes ocultándose en el anonimato de sellos corporativos, pretenden sumarnos a todos los jueces argentinos en un conflicto de poderes al que la mayoría -verdaderamente independientes- somos ajenos.”
 Más claro, échenle cloro!!!

Nuevamente, el poder de los monopolios amenaza a la democracia. La batalla es larga, y este paso es otro más hacia una nueva comunicación, y una sociedad más justa, libre e inclusiva.

El Poder Judicial -en gran parte, con jueces que juraron por las Actas del Proceso militar y que fallan en consecuencia- es un reducto de los poderes facciosos, es garante del sistema capitalista salvaje de adentro y de afuera, de las corporaciones, de los monopolios, de los sectores privilegiados y antidemocráticos. Pero ese cuerpo corporativo, anclado en el peor pasado, más tarde o más temprano tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos democráticos. Como ciudadanos de una nación libre tenemos que exigir al Estado que actúe de oficio si fuese necesario, a través de los mecanismos constitucionales que correspondan para recuperar la razón de ser del Poder Judicial: impartir justicia, ecuánime e imparcial para el bien de la sociedad.

En ese sentido, a la Corte Suprema se le reclama un poco más de firmeza ante los excesos en las atribuciones que se arrogan algunos jueces en sus más que cuestionados fallos. Hay que romper de una buena vez con la corporación judicial, el menos democrático de los tres poderes. Una verdadera democracia no es compatible con prácticas jurídicas corporativas que sobrevuelan siempre sobre un piélago de latentes complicidades con los poderes fácticos. Como bien dijo la presidenta, son los mismos poderes que antes recurrían a los fierros militares, después los fierros mediáticos y ahora los fierros judiciales . . .

La madeja de las cautelares revela que algunas instituciones aún siguen al servicio de los intereses hegemónicos. Por eso el Grupo Clarín -que tiene un ejército de 65 abogados full time a tal efecto- presentó sus recursos judiciales en la Cámara en lo Civil y Comercial, encargada de los conflictos entre privados y no en lo Contencioso Administrativo, que trata los de interés público. Ahí está la verdadera madre del borrego . . .

Antes del cierre, una excelente noticia que demuestra que algo está cambiando en la justicia: el Juez Alfonso acaba de declarar la constitucionalidad de la ley de Medios que pone fin a las ya groseras argucias del Grupo Clarín para no ajustarse a derecho y seguir teniendo coronita. El 7D significó 7 días después . . .

No obstante, sería un buen ejercicio para la ética y la moral, que algunos jueces argentinos atendieran más a su conciencia, que el teléfono de las corporaciones.

Para finalizar, uno pregunta por si aún hiciera falta: ¿Se puede creer entonces en una justicia en manos de algunos jueces que no se casan con nadie pero se acuestan con todos porque son esclavos de la avidez de sus bolsillos, siendo que por el bolsillo pasan precisamente todas las miserias humanas? . . .

 

Horacio Verbitsky

 

 

 

 

 

Por Horacio Verbitsky

Los jueces quieren saber

El documento corporativo contra el gobierno no tiene firmas y los jueces quieren saber cómo se gestó. El quién es quién de las asociaciones de la judicatura, cuya unidad fue quebrada por este paso político audaz. Lobby empresarial para condicionar los fallos y lisa y llana corrupción.

Miembros de la Asociación de Magistrados, de la Federación Argentina de la Magistratura y de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores preguntarán a sus autoridades cómo se decidió, quiénes redactaron y aprobaron y por qué se publicó sin ninguna firma el virulento comunicado del viernes 7 contra el gobierno a raíz de las denuncias contra camaristas acusados de vinculación con el Grupo Clarín.

La Asociación de Magistrados es presidida por el camarista penal Luis María Cabral. El fiscal general Jorge Auat lo señaló como un pernicioso ejemplo de shopping forum por su designación para integrar una sala de la Cámara de Casación Penal, sin sorteo y sin respetar el orden de prelación fijado por la ley de subrogancias. Pero la Cámara lo confirmó, con la única disidencia de Alejandro Slokar. Sigue llevando la voz cantante en la Asociación su ex presidente Ricardo El Piojo Recondo, otro especialista en la designación de jueces a dedo y el principal gestor del conflicto de la judicatura con el gobierno nacional por el caso Clarín, en el que tiene interés personal. Subsecretario de Justicia durante el primer gobierno de la UCR y miembro del equipo judicial de la SIDE que operaba sobre los jueces, en 1988 Recondo impulsó la designación de Juan Rodríguez Basabilvaso como camarista federal, para terminar con los juicios por violaciones a los derechos humanos. Su nombre surgió en la sobremesa del lobby militar-judicial-empresarial que se reunía los fines de semana en la quinta del Gerente de Relaciones Públicas del Grupo Económico FATE, Alejandro Pérez Cárrega. Recondo ocultó que el postulante se había desempeñado en el tribunal especial conocido como El Camarón, que el Congreso disolvió en 1973. “Hay que darle a la gente la oportunidad de cambiar. Si nos ponemos a escarbar el pasado de cada uno, no queda nadie”, dijo cuando se hizo público. Dos décadas después, ya como presidente de la Asociación de Magistrados, Recondo proclamó durante un acto de la Corte Suprema que el reclamo del entonces presidente Néstor Kirchner para que no se siguieran demorando las causas por violaciones a los derechos humanos constituía un “avasallamiento grotesco de la justicia”. La Corte lo respaldó con una declaración sin firma, según la cual el control republicano debe “respetar la honorabilidad e independencia judicial”. Ahora, Recondo encabeza el bloque de jueces, abogados y legisladores radicales en el Consejo de la Magistratura. Además integra la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, participó en el sorteo manual de un juez jubilado para fallar en favor del Grupo Clarín contra la constitucionalidad de tres artículos de la ley de medios y su hija Ana es coordinadora de Certal, la entidad de lobby que sostienen los operadores de cable, entre ellos el Grupo Clarín. La lista Bordó de Cabral se impuso por muy pocos votos a la Celeste, que postulaba a la camarista del trabajo Gabriela Vázquez (la primera mujer candidata a ese cargo) y que se propone democratizar la Asociación. Nueve de los once consejeros Bordó son hombres, mientras cinco de los nueve consejeros Celeste son mujeres. Contra la fantasía de Lorenzetti sobre una judicatura monolítica, los celestes no asistieron a la comida de fin de año de la Asociación, en disidencia por la invitación a representantes de Certal y a la exclusión del presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Urriza, y el ministro de Justicia, Julio Alak. Los celestes propusieron que la Asociación despojara al presidente de la facultad discrecional para invitar y excluir a quien le venga en gana.

La Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores (Jufejus) es conducida por Luis Francisco Lozano, presidente del Tribunal Superior porteño. Antes, fue director de Asuntos Jurídicos de Recondo en la subsecretaría de Justicia del gobierno radical. Cuando asumió en Jufejus, se comprometió a priorizar el trabajo en materia de independencia judicial pero, en flagrante contradicción, encomió el rumbo trazado por el titular saliente, Rafael Francisco Gutiérrez, que es el antimodelo de la independencia: fue designado en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por su primo, el entonces gobernador Carlos Reutemann y durante su gestión Jufejus firmó convenios con la Asociación de Aseguradores Argentinos (Adeaa), para que también jueces supremos provinciales pudieran viajar a Fort Lauderdale, Miami y Washington con el pretexto de los cursos de capacitación que dicta la International Judicial Academy(IJA), para jueces de países de Asia, Africa, América y el ex bloque comunista europeo en los que Estados Unidos y sus empresas quieren influir. Esta IJA (del american way) es una organización dedicada a propagar entre jueces de todo el mundo los valores del Consenso de Washington, que identifican democracia representativa con apertura de mercados. La IJA tiene dos sedes, una en Washington y la otra en Buenos Aires, que funciona en la Asociación de Magistrados y está a cargo de Ricardo Li Rosi, juez nacional en lo civil. Sus programas incluyen visitas a los tribunales y a la Oficina de Marcas y Patentes estadounidenses, como ha sido denunciado por la cámara latinoamericana que agrupa a laboratorios que producen medicamentos genéricos. Buena parte de los seminarios a los que asisten jueces argentinos suelen congregar también a hombres de negocios, como el seminario sobre Seguros y Justicia dictado en Washington en 2008 y 2009 para jueces y ejecutivos de seguros de la Argentina; o el programa sobre “Regulación del Gobierno y Justicia” al que asistieron en la capital estadounidense jueces, abogados y ejecutivos de negocios de la Argentina y México en octubre de 2009. En septiembre de 2010 se dictó un curso en Mendoza y San Juan sobre un tema de estricta actualidad: las medidas cautelares. La cuidada página electrónica de la IJA no explica cómo se financian sus costosas actividades, que incluyeron viajes y estadía en distintos países del mundo para 4387 jueces. Pero los cursos son promovidos por las embajadas de EE.UU. y, en la Argentina, por la Cámara de Empresas Estadounidenses, AmCham. Li Rosi tuvo sus 15 minutos de fama en 2007, cuando la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil determinó que la responsabilidad por un accidente en un ascensor en el que no se había reemplazado la puerta tijera era compartida entre el consorcio y la nena de dos años que puso el pie donde no debía, por lo cual debió ser operada siete veces. En julio de 2011 el fiscal federal Federico Delgado pidió que se investigara a los camaristas del fuero civil y comercial federal Ricardo Víctor Guarinoni y Santiago Kiernan (dos de los que viajaron con Francisco de las Carreras y Recondo al congreso de Certal), Patricia Barbieri y Ana María Brilla De Serrat por haber dictado resoluciones favorables a Google a cambio de dinero o dádivas. La denuncia por prevaricato y cohecho fue presentada por el abogado de las actrices Virginia Da Cunha y Florencia Raggi que reclamaban daños y perjuicios a Google, en cuyos buscadores online se las asoció con contenidos sexuales. Antes de revocar dos fallos a favor de Da Cunha y Raggi, los cuatro camaristas habrían participado de una reunión en las oficinas de Google, cuya llegada a la sede den Puerto Madero fue filmada por el denunciante. En el video se reconoce a Ricardo Li Rosi, quien reconoció haber asistido, según dijo, para una actividad de capacitación técnica de la IJA. Según la denuncia a cada concurrente a la reunión, Google les regaló una tablet. El juez Sergio Torres y la sala II de la Cámara Federal sobreseyeron a los cuatro magistrados, porque su imagen no aparece en el video y Li Rosi declaró que no participaron de la actividad, típica de la relación promiscua entre magistrados y empresas.

La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) es presidida por el camarista cordobés Víctor María Vélez, protegido del grupo de penalistas radicales de José Ignacio Cafferata Nores y José Buteler, ministro y defensor respectivamente de Eduardo Angeloz. Como Presidente de la Asociación de Magistrados de Córdoba, defendió los privilegios estamentales, gracias a lo cual el gobernador José De la Sota exceptuó a los jueces de su reformas previsionales. Su antecesor en FAM fue el juez penal de Salta Abel Fleming, a quien el ex diputado de la UCR Fernando Chamorro calificó como “sirviente de la dictadura militar” alegando que aún conserva el estado policial obtenido cuando estuvo a cargo de la División de Investigaciones Científicas de la Policía, donde creó una División de Drogas. Como presidente de la Cámara Séptima de Córdoba, Vélez juzgó a 59 personas por el motín de febrero del 2005 en el penal San Martín. Sólo cuatro fueron absueltos y las condenas ejemplificadoras no exceptuaron a aquellos reclusos que hicieron todo lo posible por pacificar la situación. De la Sota dijo entonces que “los derechos humanos son para los decentes”, y Vélez lo tuvo bien en cuenta como fuente del derecho. El fallo señaló falencias del Estado entre las causas del motín, pero no dio un solo paso para individualizar y juzgar a los responsables de que un edificio del siglo XIX para 600 personas recibiera al triple; de que una cárcel enclavada en el tejido urbano albergara a condenados, más propensos al motín y la fuga, mientras la de alta seguridad construida en Bower se reservaba a procesados; de que los reclusos hubieran manejado ametralladoras y fusiles, que sustrajeron de la armería del penal, donde no deberían haber estado; de que se abriera fuego sin medir las consecuencias y causando ocho muertes.

Si Cabral, Recondo, Li Rosi, Lozano, Fleming o Vélez son los defensores de la independencia judicial, puede anticiparse que el lenguaje será condenado a reclusión perpetua.

Justicia coimera

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