MAGISTRADOS INVOLUCRADOS EN ADOPCIONES ILEGALES
 
Por Franco Mizrahi y Jorge Repiso
 
             La Justicia, poco a poco, y en ocasiones a su pesar, empieza a juzgarse a sí misma por su desempeño en la última dictadura militar. Y lo hace bajo la atenta mirada de los organismos de derechos humanos. Ya lo había adelantado la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en el discurso que dio el último 24 de marzo: “Es hora de juzgar a los civiles que fueron cómplices de la dictadura”. Un nuevo proceso parece abrirse en el país, que se bifurca del oscuro sendero que llevaba al silencio. Y que empezó a iluminarse con una nueva presentación judicial que desnuda la presunta complicidad de jueces que, entre 1976 y 1983, habrían facilitado el crimen más atroz: la apropiación de bebés.
NUESTRO DESEO

La denuncia que los organismos le presentaron al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, el 29 de marzo –y que lleva la firma de María Isabel Chorobik de Mariani, Elsa Pavón y Clara Petrakos, entre otras– sirve de botón de muestra. En la demanda, Wagner Gustavo Mitchell, juez de la Cámara de Casación Penal, y Jorge Martínez Sobrino, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6, son acusados de encubrimiento en el secuestro de Simón Riquelo.

 
El régimen de apropiación ilegal de bebés que se sistematizó en la dictadura –y dejó el trágico saldo de 500 niños robados– constó de dos mecánicas. Gracias a los organismos de derechos humanos se reconstruyeron algunas historias. De los 101 nietos recuperados, cerca de 30 casos fueron por adopciones irregulares otorgadas por magistrados de la época. Los restantes, en su mayoría, fueron anotados como hijos propios por medio de la falsificación de partidas de nacimiento. Pero sólo se trata del 20 por ciento de los niños apropiados en los años del terrorismo de Estado.

Los casos de Mitchell y Martínez Sobrino son paradigmáticos. El primero encabeza la Sala II de la Cámara que deberá dictaminar sobre el expediente de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. El segundo integra el tribunal que juzga al ex dictador Jorge Rafael Videla. La historia, se sabe, es circular.

En julio de 1976, Mitchell estaba a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 16, de Capital Federal, que oficiaba como juzgado de menores. Su secretario era Martínez Sobrino. Ambos están sospechados de otorgarle al subcomisario Osvaldo Parodi –en forma ilegal– el bebé Simón Riquelo. Esa misma acusación recayó también sobre José Domingo Allevato, que habría participado en el caso porque era secretario tutelar (ver aparte).

La historia se remonta a la medianoche del 13 de julio del ’76, cuando militares de civil ingresaron a la casa que ocupaba Sara Méndez, madre de Riquelo. El grupo de tareas que la torturó y la trasladó al centro clandestino de detención Automotores Orletti le quitó su bebé de apenas 20 días. Cuatro horas después del secuestro, un subinspector de la Policía Federal encontró a la criatura en las puertas del Sanatorio Norte, en Belgrano. Desde aquel día y hasta la adopción definitiva por parte del subcomisario de la seccional 33 y su esposa, Haydeé Campo, sólo transcurrió un mes. Las firmas de Mitchell y Martínez Sobrino quedaron estampadas en el acta de tenencia, avalados por Allevato, y fueron los últimos garabatos de la pluma judicial para que Simón cambiara de familia.

Los argumentos de la denuncia contra los jueces fueron contundentes: “(…) lejos de practicar una investigación, verificar los habeas corpus, reclamar partidas, verificar nacimientos o atender familiares que buscaban niños, hicieron todo lo contrario, callaron, falsearon y hasta amenazaron”. La cita refiere a una amenaza que denunció Carlotto, en 1978. Mientras buscaba a una niña robada, la titular de Abuelas recibió la siguiente advertencia del mismo juez que hoy maneja la causa Noble: “Decile a esa abuela que se olvide de todo este asunto si no quiere aparecer en una zanja”, le habría dicho el magistrado a un abogado cercano a Carlotto.

Según consta en la denuncia, “para consolidar el secuestro y ocultamiento de los niños (…) realizaron medidas concretas tendientes a ocultar todo rastro que permita identificar el verdadero origen de los niños como, por ejemplo, la falta de la más mínima investigación judicial que permitiera encontrar a las familias del ‘supuesto menor abandonado’”.

Pasaron 26 años hasta que Simón recuperó su identidad. En marzo de 2002, un estudio de ADN realizado en el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó el parentesco entre Méndez y el chico (hoy Aníbal Armando Parodi).

Curiosamente, ahora los dos magistrados acusados tienen que resolver causas sobre los mismos delitos por los cuales fueron denunciados. Mitchell, que es miembro de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, deberá resolver la causa sobre la identidad de los hijos de la dueña del multimedios Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Y Martínez Sobrino, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6, está a cargo de la megacausa que juzga a los genocidas Videla, Cristino Nicolaides, Santiago Omar Riveros y Jorge “Tigre” Acosta, entre otros militares, por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores.

El procurador Righi, que recibió la denuncia contra los magistrados, ya la envió a sorteo. La causa recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo y en la fiscalía de Eduardo Taiano. Ambos deberán definir si darán curso a la denuncia o la derivarán a cualquier otra causa vinculada con el caso.
Sin embargo, el accionar de estos dos funcionarios judiciales no fue excepcional. Entre los jueces que estuvieron y están en la mira de los organismos y de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado por su accionar en las adopciones ilegales, figuran otros casos.

La jueza Delia Pons, que fue titular de uno de los juzgados de menores de Lomas de Zamora durante la dictadura, manifestó en palabras el sentimiento de época en el mundo judicial. De acuerdo con el libro Botín de guerra, de Julio Nosiglia, les habría dicho a las Abuelas durante una reunión: “Yo, personalmente, estoy convencida de que sus hijos eran terroristas. Para mí, terrorista es sinónimo de asesino. Y a los asesinos, yo no pienso devolverles los hijos. Porque no sería justo hacerlo. Porque no sabrían criarlos y porque no tienen derecho, tampoco, a criarlos. En esto, seré inamovible. Sin ir más lejos, fíjense ustedes: tengo en este momento, entre manos, el caso de los chicos de Julio Ramírez. Ramírez es un criminal, un terrorista confeso. El Poder Ejecutivo le ha permitido trasladarse a Suecia y desde allí ha solicitado la tenencia de esos pobres niños. Yo jamás se la concederé (…) Señoras –y para terminar– sólo sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños”. La jueza Pons también tuvo en sus manos los casos de Sebastián Ariel Juárez y Jorgelina Paula Molina Plana. Aunque fallecida, el fantasma de Pons aún transita por tribunales.

El juez Guillermo Gordo, yerno de Pons, trabajó durante la dictadura, en el ’76, en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo de su pariente. Gordo fue hasta hace poco miembro del Tribunal Oral Federal Nº 5, donde instruyó al menos siete juicios por delitos de lesa humanidad. Absolvió a genocidas y dictó penas bajas en casos de apropiación de bebés. Hace poco tiempo pidió el cambio de jurisdicción y mediante un enroque con el juez Oscar Hergott partió al TOF Nº 3.
Otro estandarte para la Justicia jurásica fue la jueza Ofelia Hejt (fallecida), quien estuvo a cargo del juzgado de menores Nº 1 de San Isidro. Y dio en guarda a Andrés La Blunda y a Marcela y Felipe Noble Herrera.

En el caso de Marcela, según consta en el expediente de adopción, el 13 de mayo de 1976, la viuda de Roberto Noble se presentó ante la jueza con una beba que, dijo, la había encontrado días antes en una caja abandonada en la puerta de su casa, en Lomas de San Isidro. Los testigos ofrecidos resultaron ser falsos.

En el expediente de adopción de Felipe se sostiene que Carmen Luisa Delta, su supuesta madre, lo puso a disposición de la jueza el 7 de julio de 1976. El mismo día, sin cumplir los requerimientos legales correspondientes, la magistrada concedió la segunda guarda a Herrera de Noble. Tiempo después, el entonces juez Roberto Marquevich –que en diciembre de 2002 ordenó la detención de la directora del Grupo Clarín– determinó que Delta nunca existió.

Cuando Hejt entregó en guarda a Andrés La Blunda, un bebé de tres meses, los organismos de derechos humanos denunciaron que nunca dispuso medidas para ubicar a su familia y que ignoró las evidencias que demostraban que sus padres habían sido secuestrados por el Ejército. La Blunda recuperó su identidad en 1984.

El ex juez Luis María Vera Candioti está imputado por falsear el expediente en el que tramitó la guarda de María Carolina Guallane a una familia de Venado Tuerto, en abril de 1977. Por entonces María Carolina era una beba que había sobrevivido al asesinato de sus padres, el 11 de febrero de 1977, cuando un grupo de tareas del Ejército atacó la casa donde vivían. En el documento de adopción constaba que la niña había sido puesta a disposición del juez de menores, el 4 de febrero, siete días antes de la masacre.

Vera Candioti pidió su sobreseimiento por “prescripción de la acción penal”, pero el juez Reinaldo Rodríguez rechazó el planteo y ratificó que “la supresión de identidad” de niños es un delito imprescriptible. La defensa del magistrado acusado apeló el fallo ante la Cámara Federal de Rosario. La hija de desaparecidos recuperó su identidad en 1998: los análisis genéticos confirmaron que su verdadero nombre es Paula Cortassa.

A cargo del tribunal de menores de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti intervino en la guarda de Manuel Gonçalves, quien sobrevivió a la Masacre de Juan B. Justo en la que asesinaron a su madre, Ana María del Carmen Granada. Manuel tenía sólo cinco meses cuando un grupo de tareas ingresó en su casa. Antes de desatarse una balacera, Ana María envolvió a Manuel en un colchón y lo escondió en un ropero. Allí lo encontró un policía al día siguiente, cuando fue internado en el Hospital San Felipe, de donde desapareció de un día para el otro. El juez Marchetti se lo había otorgado en guarda a unos conocidos: la madre adoptiva era prima de la esposa de un pariente del magistrado.

Según la abogada querellante, Ana Oberlin, Marchetti incumplió con todas las reglas de la ley de guarda. No hizo nada, sostiene, para buscar a la familia biológica de Manuel. Y hasta se lo otorgó a una familia que recién tuvo sus nupcias meses más tarde de la adopción. Cuando el caso llegó a tribunales, el juez Villafuerte Russo sobreseyó a Marchetti. Los querellantes apelaron y ahora deberá expedirse la Cámara de Casación de Rosario.

El entonces juez Jorge Mario Muller atendió a las Abuelas en 1978. Según consta en el libro Identidad, despojo y restitución, de Matilde Herrera y Ernesto Tenembaum, Alicia de la Cuadra, antes de salir de su despacho, le pidió al juez que, cuando besara a sus hijos, recordara que muchas abuelas no tenían nietos para mimar porque estaban secuestrados. “¡Cómo no me voy a acordar si me dejan ardiendo, señora!”, respondió el magistrado. Por su juzgado pasaron, por lo menos, tres niños desaparecidos que fueron dados en adopción. Entre ellos, Emiliano Castro Tortino, a quien secuestraron el 22 de marzo del ‘77. Tres días después de su secuestro, Muller, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Letra “O”, entregó al menor en guarda provisional al abogado Domingo Gabriel Maggiotti, quien sería amigo suyo. Había inscripto al bebé como nacido el 7 de septiembre de 1976 para entregarlo en adopción a fines de abril del ’77.

Carlotto presentaría el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el ’96 por incumplimiento de disposiciones establecidas en la Convención de DD.HH.

El doctor Mario Eduardo Basso atendía el Tribunal de Menores Nº 2 de San Martín y tuvo en su poder la adopción de las hermanastras Laura Malena Jotar Britos y Tatiana Ruarte Britos, hijas de Mirta Graciela Britos, secuestrada en Villa Ballester en octubre de 1977. La labor de Basso está puesta en cuestión porque mientras se llevaba adelante la adopción de la segunda niña, su abuela paterna se presentaba asiduamente en el juzgado preguntando por su nieta. Siempre se iba con la misma mentira a cuestas: sin noticias.

Entonces, la abuela paterna recurrió a Abuelas de Plaza de Mayo y no cesó en su búsqueda. Finalmente, en 1980, Basso citó a la abuela y le reveló la verdad. Fue el único juez que volvió sobre sus pasos para facilitar el reencuentro. El primero de todos. El que inició la serie que hoy llega a 101 nietos recuperados. La culpa lo hizo volver sobre sus pasos. Esa que, hasta el momento, no sintieron muchos de los que otorgaron, a sabiendas, a los 400 bebés robados que aún no conocen a su familia biológica. Su verdadera identidad. Por esa misma razón, la búsqueda de las Abuelas no claudica. Y se esperanzan: saben que, tarde o temprano, será justicia.

 

La Justicia Que tenemos!!!

                           La Justicia que Queremos!!!!!!!

                                                                                                   

 

 

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