Justicia Argentina, ¿para todos o para pocos?
Por Fernando Pisani
fjp2001@gmail.com
La pregunta que nos debemos hacer es si las diversas posiciones sobre la democratización de la justicia apuntan a una justicia para todos o a una justicia para pocos; o mejor dicho aún, a una justicia de todos o a una justicia de pocos.
Y para evitar discusiones que obscurecen, o tomas de posición a favor o en contra del gobierno que impiden una reflexión algo más objetiva del problema y de sus soluciones, no hay nada mejor que alejarse del problema actual y verlo más lejos del lugar y del tiempo.
Como sabemos, la Constitución Argentina y por ende su concepción sobre la organización de sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se basa en la Constitución Norteamericana y es bueno rastrear en ella elementos que nos permitan entender las bases de lo que pasa hoy en Argentina.
Cuando se elaboró la Constitución norteamericana, los llamados “Padres Fundadores” de la misma, eran terriblemente desconfiados y opuestos a la participación directa de la población en los asuntos del gobierno y si bien todos hablaban de democracia, se oponen a la misma como método de gobierno y la oponen a la república, que ellos defienden, es decir, prohibir y el gobierno del pueblo y por el pueblo y admitirlo sólo por medio de sus representantes.
Así organizan el poder de la siguiente forma. Admiten sólo la elección directa de los representantes del pueblo, la Cámara de Representantes, pero como desconfían de qué puede salir de ella, ponen como contrapeso una Cámara de Senadores, sin cuya participación nada puede hacer la primera. Pero esos senadores no son elegidos en función del número de habitantes de cada estado, sino que estados chicos o grandes tienen la misma cantidad. Y para la elección de los mismos, ponen condiciones de manera que sean siempre elementos de la clase pudiente.
Para el Ejecutivo definen que tampoco el presidente se elegirá de forma directa por la población sino que se plantean un conjunto de mecanismos por los cuales se elegirán indirectamente pudiendo incluso no ser presidente el que resulte indirectamente el mas votado. Y por supuesto cuenta con el derecho al veto a lo resuelto por el parlamento.
Naturalmente a todo esto se le agrega que se le impide votar a las mujeres, a los negros e incluso el número de habitantes de cada lugar no se cuenta por las personas que viven en él, sino que si en ese territorio viven pueblos originarios y no pagan impuestos, no se cuentan. Y los esclavos y negros, cuentan sólo tres de cada cinco.
Pero nada de esto les da tranquilidad. El famoso país modelo de la democracia instituye un Poder Judicial que no será elegido por el pueblo ni siquiera por esos mecanismos indirectos, sino puestos a dedo, con una característica: no podrán ser removidos y durarán hasta que se mueran o renuncien, y las posibilidades de destitución son remotas, al punto que nunca en EEUU se removió ningún juez de la corte suprema.
Y allí no termina el asunto. Este poder no elegido por el pueblo, y que pronto se transforma en una especie de casta, termina teniendo un poder incluso superior a las cámaras legislativas y al propio presidente.
Pongamos un ejemplo: En EEUU ya se había prohibido la esclavitud en muchos Estados (allí las provincias se las llama estados). Pero por supuesto aún había traficantes de esclavos. Y tal era la impunidad y racismo existente, que un tratante de esclavos, reclamando al otro por el pago de esclavos que había vendido, recurre a la Corte Suprema. Esclavos, dicho sea de paso, que fueron entregados en el Estado de Mississipi donde estaba prohibida la importación de esclavos desde 1833 (esto ocurre en 1841). El problema que enfrentaba la Corte Suprema era: si los esclavos eran personas protegidas por la Constitución Estatal, ¿no debían aplicar la ley y liberarlos?. Pero el reclamaba el pago decía: no son personas, son objetos de mi propiedad y como tal deben regir las leyes del comercio y por ende sujetos a la legislación federal. ¿Y qué hizo la corte?. Como bien señala Clemente Valdés en una obra muy interesante,
“Para evadir el problema la Corte resolvió de una manera incoherente que, aunque el contrato de compra venta era inconstitucional, no era ilegal y, por lo tanto, el comprador debía pagar el precio de los esclavos.”
Clemente Valdés (1) nos cuenta que esos casos culminan con la resolución dictada en 1857 por la Suprema Corte de los Estados Unidos en el asunto de Dred Scott, esclavo negro que con su familia había sido llevado por su dueño a un territorio del norte en donde se prohibía la esclavitud. Frente a esto la Corte declaró que una ley del Congreso expedida 37 años antes, en 1820, conocida como el Compromiso de Missouri, la cual prohibía la esclavitud al norte de la latitud 36° 30’, era inconstitucional. Demás está decir que frente a esta soberbia de la Corte no había muchas alternativas, más cuando azuzó a los estados gobernados por partidarios de la esclavitud. Y terminó todo en la guerra civil…
Al respecto, Abraham Lincoln, en su discurso al tomar posesión como presidente de los Estados Unidos el 4 de marzo de 1861, decía:
“si la política del Gobierno sobre las cuestiones vitales que afectan a todo el pueblo va a ser fijada irrevocablemente por decisiones de la Suprema Corte, en el instante en que así se hace en litigios ordinarios entre partes en acciones personales, el pueblo habrá dejado de ser su propio amo, al renunciar prácticamente a su Gobierno para dejarlo en manos de ese eminente tribunal”
Cuando hoy se analizan por ejemplo los fallos de jueces a favor de Clarín y en contra de una ley votada por los representantes del pueblo, debe admitirse que no es algo inventado por la “justicia” argentina. Por ejemplo el caso de una ley del Estado de Nueva York que prohibía que los trabajadores de los hornos de las panaderías trabajaran más de 10 horas diarias. ¿Qué hizo la Corte Suprema: declaró inconstitucional dicha ley. Y así siguió la Corte defendiendo abusos contra los trabajadores, entre otras amparándose en el principio de la “libertad de contrato”.
Y hay innumerables casos absolutamente escandalosos de este país modelo de la democracia. Por poner un ejemplo la Corte convalida
“fraudes tan escandalosos como los de las tierras del Yazoo que comprendían la mayor parte de los territorios que forman lo que son actualmente los Estados de Alabama y Mississippi, las cuales fueron vendidas a un precio ridículo por la legislatura del Estado de Georgia después que todos los legisladores de ese Estado, excepto uno, fueron sobornados para aprobar el fraudulento contrato. La legalidad de ese fraude fue convalidada por la opinión del Jefe de Justicia John Marshall, quien invocando el principio que prohibe “impair of obligations of contracts”, es decir, anular o disminuir las obligaciones de los contratos, a pesar de las confesiones de los legisladores cuyos votos habían sido comprados, sostuvo que sería “indecente” entrar a juzgar las razones del voto de los legisladores. Esta curiosa opinión de Marshall fue apoyada por todos sus colegas en esa Suprema Corte en el caso Fletcher v. Peck. Es también la época en que se legalizan algunos de los mayores despojos en contra de los indios para quitarles sus tierras, especialmente en los casos de los cherokees resueltos en 1823, y además se dictan algunas de las más inmorales resoluciones a favor de los grandes especuladores” (1)
El dibujo es de Freddy, del diario La Capital
Cualquier similitud con las conductas de la justicia argentina no es mera casualidad y no cansaremos con una larga lista de iniquidades. Sólo señalemos al pasar que la Suprema Corte argentina convalidó todos los golpes de estado de argentina y los legitimó.
La pregunta que nos debemos hacer es: ¿Es necesario para nuestra sociedad cambiar cómo se estructura y funciona la Justicia? ¿Está bien cómo se eligen los jueces? ¿Está bien que sean prácticamente eternos? ¿Deben tener el poder de que cualquier juez dicta una cautelar contra una decisión de los otros dos poderes, que justamente son los únicos elegidos por el pueblo, y su resolución sea indefinida en el tiempo? Y no hablemos de Clarín, sin ir muy lejos hay una cautelar a favor del diario La Nación que lleva más de diez años. Curiosamente los socialistas de Binner que se oponen a la limitación del tiempo de las cautelares, gobiernan una provincia donde una cautelar no puede tener más de 90 días…
¿Debe ser una especie de casta el Poder Judicial? ¿Hay que democratizarlo? ¿Pueden existir causas que duran diez o veinte años en resolverse, justamente porque es la manera de proteger intereses de poderosos o sus propios intereses o de sus conocidos?
Por otro lado, la Justicia argentina, con honrosas excepciones, es una Justicia no sólo ineficaz, exageradamente lenta, injusta muchas veces y en cierta manera buena parte de ella racista y prejuiciosa , sino que también es onerosa, es cara, por lo que la mayoría de la población no puede recurrir a ella para derimir sus diferencias o defenderse.
Quienes hoy se oponen a modificar aspectos de la Justicia en realidad están defendiendo una corporación, la judicial, con sus privilegios y fundamentalmente su toma de posición a favor del status quo y los poderosos y su impunidad garantizada por su permanencia en el cargo si tienen «buena conducta» (y ya sabemos lo que entienden por buena conducta, para ellos fue bueno apoyar a los golpes de estado, expropiar de tierras a sus legítimos dueños, etc, etc).
Por supuesto que ninguno de los tres proyectos de ley resuelven los problemas fundamentales de la Justicia argentina. Son pequeños pasos en cambios pequeños. Y sí a pesar de ser pequeños los cambios se levanta tan polvadera en defender una justicia de pocos, imaginémosnos qué pasaría si se hubieran planteado cambios más profundos.
Pero por más que sean pequeños los cambios son muy importantes, en primer lugar porque ponen en centro del debate una institución que siempre ha permanecida impune y con una falsa imagen de equidistancia, con importantes grados de corrupción, partícipe necesaria de los momentos más atroces de la historia argentina y también partícipe necesaria de la impunidad por ejemplo con que se mueven las mafias del narcotráfico.
Es importante remarcar que no todos los jueces o partícipes del Poder Judicial avalan la conducta antidemocrática y defensora de privilegios e injusticias que ha tenido el Poder Judicial en los últimos ciento cincuenta años, por poner una fecha. Muy demorados y con contradicciones, pero realizados al fin, los Juicios a genocidas son ejemplos para todo el mundo. Y no hubieran sido posible no sólo sin un gobierno nacional que los hubiera estimulado para llevarlos hasta las últimas instancias, sino sin fiscales y jueces que se apartaran de la conducta genuflexa. Ni estos cambios existirían si no existiera en la propia justicia sectores de la misma que quieren hacerlos.
Es cierto que tal vez en este artículo se mezclan las conductas de los jueces con la Institución, y se está criticando no sólo a los jueces sino también a la institución. Pero ocurre que no puede ser de otra forma en la medida que la propia institución «Justicia» no ha puesto nunca distancia con las conductas más aberrantes de jueces comunes y jueces “Supremos”, ni ha repudiado o separado de sus cargos a quienes avalaron gobiernos golpistas y genocidas. Por el contrario, abogados, fiscales y jueces coinciden «entre bueyes no hay cornadas», «hoy por ti, mañana por mi»
Y es de notar que sabiendo lo que es la justicia argentina, que se arroga privilegios -el no pago del impuesto a las ganancias es uno de ellos-, su ineficacia, su onerosidad, y los robos “legales” y crímenes que ha avalado o legalizado o coparticipado, jamás antes el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo se plantearon hacer una reforma del Poder Judicial. Es más, contribuyeron a su impunidad.
Justamente lo importante que está haciendo este gobierno de Cristina Fernández, más allá de las propuestas concretas de cambio, es abrir el camino hacia una reforma y democratización del Poder Judicial. Y hablar de aquello que jamás se habla. En cambio los que hoy critican estos pequeños cambios siempre, desde que estuvieron en el poder o en la oposición, no hicieron nada por cambiar las aberraciones del Poder Judicial ni se plantearon reformarlo. incluso falta el estudio para ver cuánto de la violencia cotidiana que hay hoy, inclusive el feminicidio, no tiene que ver con la propia justicia y su absoluta ineficacia, cuando no parcialidad a favor del más fuerte.
No es un tema fácil propiciar un cambio para bien de la Justicia. Llevar a que los jueces surjan de una votación como un diputado puede ser peor el remedio que la enfermedad (cosa que el gobierno no está proponiendo, dicho sea de paso), pero así las cosas no pueden seguir. O la justicia se autoreforma y se autopurga, para evitar seguir siendo el último bastión de la reacción, del status quo y de los grandes privilegios, y pase a ser realmente Justicia, o la sociedad deberá pensar en medidas más incisivas para que los jueces dejen de ser una especie de casta privilegiada e impune y entiendan que necesitamos una justicia de todos y para todos y todas.
Rosario, 22 de abril de 2013
- «Marbury vs. Madison. Un ensayo sobre el origen del poder de los jueces en los Estados Unidos». Clemente Valdés
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